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Una redada policial sin precedentes en Río de Janeiro dejó al menos 64 personas muertas, entre ellas 60 presuntos miembros de una organización criminal y cuatro agentes de seguridad, según informaron las autoridades locales.
La operación, considerada la más letal en la historia reciente, tuvo lugar en las comunidades de Penha y otras zonas aledañas, donde los residentes pasaron la noche recogiendo cuerpos tras los intensos enfrentamientos.
Al amanecer del miércoles, una escena desgarradora se extendía por las calles de Penha: al menos 50 cuerpos de hombres jóvenes, en su mayoría sin camisa, yacían alineados en una plaza central.
Cientos de vecinos, familiares y activistas se congregaron alrededor de los cadáveres, algunos llorando y otros gritando consignas como “¡masacre!” y “¡justicia!”.
La operación, que movilizó a 2,500 policías y soldados apoyados por helicópteros y vehículos blindados, tenía como objetivo capturar a líderes del grupo criminal Comando Vermelho (Comando Rojo) y frenar su expansión territorial.
El gobierno de Río de Janeiro informó que, además de los fallecidos, 81 sospechosos fueron detenidos y se decomisaron 93 rifles y más de media tonelada de drogas.
Sin embargo, los habitantes aseguran que la cifra de muertos es mucho mayor y que algunos cuerpos no fueron incluidos en el conteo oficial.
Raull Santiago, activista local, denunció la brutalidad del operativo, “vimos personas ejecutadas: disparos en la espalda, en la cabeza, heridas de arma blanca, personas atadas. Este nivel de odio solo puede describirse como una masacre”, declaró.
Por su parte, el gobernador de Río, Claudio Castro, defendió la acción al afirmar que la ciudad “está en guerra contra el narcoterrorismo”, término que evocó la retórica utilizada por administraciones conservadoras en campañas antidrogas.
Las autoridades forenses recuperaron los cuerpos hacia el mediodía, mientras el gobierno estatal evitó pronunciarse sobre las denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
Organismos internacionales, entre ellos el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, expresaron preocupación por el número de víctimas y exigieron una investigación independiente.
El operativo también paralizó amplias zonas de la ciudad: escuelas cerraron sus puertas, una universidad local suspendió clases y varias carreteras fueron bloqueadas por los delincuentes, que respondieron con ataques y barricadas.
Según el gobierno estatal, los miembros del Comando Vermelho incluso utilizaron drones para atacar a la policía, uno de los cuales fue captado en video disparando un proyectil desde el aire.
En medio del caos, el gobernador Castro criticó al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por la falta de apoyo federal, mientras el Ministerio de Justicia respondió que ha renovado en 11 ocasiones el despliegue de fuerzas nacionales en Río.