Noticias de México y el Mundo
El reciente acoso sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum en una calle del centro histórico de la Ciudad de México reabrió el debate sobre la violencia de género en el país, pero también desató un clima de confrontación política.
Lo que pudo ser un momento de solidaridad nacional se transformó en un escenario de acusaciones cruzadas entre el gobierno y la oposición, en medio de la creciente tensión generada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.
Mientras voces ciudadanas y activistas condenaron la agresión contra la mandataria, algunos opositores calificaron el hecho como un “montaje político”.
El senador Alejandro Moreno, dirigente del PRI, acusó al gobierno de utilizar el caso para desviar la atención de la violencia política y de los vínculos del crimen organizado con funcionarios públicos.
Por su parte, Ricardo Anaya, del PAN, expresó su respaldo a Sheinbaum, pero exigió revisar los protocolos de seguridad: “Si no pueden garantizar la seguridad de la presidenta, ¿cómo protegerán al país?”.
Analistas y especialistas en comunicaci ón política, como Javier Rosiles Salas, consideraron que la oposición intenta contrarrestar la narrativa oficialista que ha fortalecido la imagen de Sheinbaum, quien mantiene un respaldo popular superior al 70% en su primer año de gobierno.
Desde el ámbito social, activistas como María de la Luz Estrada y Marina Reyna lamentaron que el caso de Sheinbaum evidencie la revictimización que sufren miles de mujeres mexicanas al denunciar agresiones.
Coincidieron en que la descalificación y la impunidad son factores que perpetúan la violencia de género y minan la confianza en las instituciones.
Ante la polémica, la presidenta presentó un nuevo proyecto para fortalecer la respuesta institucional ante denuncias de abuso sexual.
La propuesta busca homologar las sanciones en los 32 estados y crear mecanismos de denuncia más ágiles y eficaces, con el fin de garantizar justicia y reducir la impunidad en casos de violencia contra las mujeres.