Aprueba Comisión de Cámara de Baja ley general contra la extorsión

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 25 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones el dictamen con proyecto de decreto para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, una iniciativa presidencial que busca homologar criterios en todo el país y fortalecer la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

La ley será reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución y también reforma diversos ordenamientos penales, procesales y judiciales.

El presidente de la Comisión, diputado Julio César Moreno Rivera (Morena), explicó que la nueva ley distribuye competencias entre autoridades federales, estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar el delito de extorsión.

Además, establece el tipo penal básico, sanciones de seis a quince años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización, así como reglas y mecanismos de protección integral a víctimas y testigos.

Moreno Rivera detalló que la ley se compone de cinco títulos que abarcan desde disposiciones generales hasta la creación del Sistema Nacional de Información sobre Extorsión. Su objetivo, dijo, es implementar una política nacional integral contra este delito, combinando prevención, persecución penal, protección a víctimas y recuperación de bienes, ante un fenómeno que afecta la seguridad y la economía nacional.

Durante la discusión, legisladores de distintos partidos coincidieron en la urgencia de combatir la extorsión. Jessica Saiden Quiroz (Morena) destacó los avances en materia de seguridad y la creación de nuevas áreas de inteligencia.

Fernando Castro Trenti (Morena) propuso endurecer penas cuando los responsables sean servidores públicos, mientras que Ricardo Mejía Berdeja (PT) pidió sancionar también la tentativa del delito. Desde el PAN, César Damián Retes subrayó que el dictamen responde al reclamo de familias y comerciantes que sufren cobro de piso.

Por su parte, Juan Ignacio Zavala Gutiérrez (MC) señaló que su bancada votaría a favor en lo general, aunque presentaría reservas por la admisión de pruebas obtenidas con violaciones a derechos humanos.

Alejandro Domínguez (PRI) expresó su abstención al no existir un análisis estadístico sobre posibles reducciones de sanciones.

En tanto, Lilia Aguilar Gil (PT) y María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) celebraron la homologación del tipo penal y la integración de un frente interinstitucional para combatir el delito.

En la discusión en lo general, diputados como Sergio Mayer Bretón y María Rosete (Morena) destacaron que la ley permitirá atender denuncias de extorsión, establecer 34 agravantes y reconocer el cobro de piso como parte de este delito. Desde el PAN, José Guillermo Anaya Llamas advirtió que la aplicación de la ley requiere recursos suficientes para evitar que quede “en letra muerta”.

Finalmente, Julieta Vences Valencia (Morena) aseguró que no se trata de una reforma más, sino de una respuesta estructural para crear una política uniforme de investigación y sanción.

El dictamen fue aprobado en lo general y en lo particular, y se remitió a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Opinión por PEF 2026

En la misma sesión, la Comisión de Justicia también avaló, con 21 votos a favor y ocho en contra, una opinión positiva sobre el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026, que, según Moreno Rivera, fortalece la impartición de justicia, la readaptación social y los derechos humanos.

Durante el debate presupuestal, legisladores de oposición expresaron preocupaciones por reducciones en áreas de seguridad y justicia.

Arturo Yáñez Cuéllar (PRI) denunció un recorte de más de 13 mil millones de pesos a la Secretaría de Seguridad, mientras que José Guillermo Anaya (PAN) pidió más recursos para capacitar personal en procuración de justicia.

No obstante, diputadas de Morena como Elena Segura Trejo y Mary Carmen Bernal Martínez respaldaron el dictamen, al considerarlo una pieza clave para consolidar la reforma judicial.

La opinión fue enviada a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para los efectos conducentes.