Acusan presuntas condiciones “inhumanas” por ICE en Chicago

Defensores de derechos humanos en Illinois presentaron una demanda el viernes contra las autoridades federales, acusándolas de mantener condiciones “inhumanas” en una instalación de inmigración ubicada en el área de Chicago.

La acción legal fue interpuesta por abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) de Illinois y del MacArthur Justice Center, quienes denunciaron la falta de transparencia y el trato degradante hacia las personas detenidas en el centro de Broadview.

De acuerdo con la demanda, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) han negado a los detenidos la posibilidad de realizar llamadas privadas con sus abogados, además de impedir el acceso al edificio a miembros del Congreso, líderes religiosos y periodistas.

Esta situación, según los abogados, ha convertido la instalación en una “caja negra” que permite a las autoridades actuar “con impunidad”.

También se les acusa de coaccionar a los migrantes para firmar documentos que no comprenden, llevándolos a renunciar involuntariamente a sus derechos y enfrentar procesos de deportación.

Hasta el momento, el ICE y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no han emitido comentarios sobre las acusaciones.

Los demandantes sostienen que el ICE, el DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han violado los derechos constitucionales de los detenidos, al impedir el debido proceso protegido por la Quinta Enmienda y el derecho a la asistencia legal garantizado por la Primera Enmienda.

Por ello, solicitaron a la corte federal que obligue a las agencias a mejorar las condiciones del centro de Broadview, donde se estima que hasta 200 personas pueden ser retenidas simultáneamente sin acceso a asesoría legal.

En meses recientes, la instalación ha sido foco de protestas y de otra demanda presentada por una coalición de medios y manifestantes que acusan a los agentes federales de usar fuerza excesiva y gas lacrimógeno contra protestas pacíficas.

La jueza federal Sara Ellis falló a favor de los demandantes, ordenando a los agentes portar identificaciones visibles, prohibir ciertas tácticas de control de multitudes y usar cámaras corporales tras detectar incumplimiento en su orden inicial.