INE lleva seis denuncias a la FGR por presunta corrupción
El Órgano Interno de Control del Instituto Nacional Electoral presentó seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República por posibles conductas ilícitas relacionadas con el servicio público. Entre los señalados hay personas que trabajan o trabajaron en el organismo y empresas proveedoras, de acuerdo con el reporte enviado a la Cámara de Diputados el viernes 6 de noviembre.
La información fue comunicada por Víctor Hugo Carvente Contreras, titular del órgano fiscalizador interno, mediante el oficio INE/OIC/0209/2026, dirigido a legisladores que participan en la vigilancia de recursos públicos y en asuntos de transparencia y anticorrupción.
En ese documento, el contralor informó que las acciones penales abarcan tanto a personas físicas como a personas morales. No identificó públicamente, en el fragmento conocido del oficio, a todos los denunciados ni precisó el expediente particular que correspondería a cada uno.
Los hechos que el OIC considera susceptibles de investigación incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, utilización de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho. La calificación definitiva de las conductas corresponde a la autoridad investigadora.
La presentación de una denuncia es el inicio de una ruta de investigación, no una sentencia ni una acreditación automática de culpabilidad. La Fiscalía tendrá que revisar los elementos aportados, determinar si procede abrir o integrar carpetas de investigación y resolver sobre posibles acciones penales.
Ocho personas y una empresa, citadas por la vía administrativa
Además de acudir a la FGR, el órgano interno informó que emplazó a ocho servidores y exservidores públicos, así como a una persona moral, para comparecer a audiencias iniciales por presuntas faltas administrativas graves. Se trata de una vía distinta de las denuncias penales.
Carvente explicó que los procedimientos administrativos deben avanzar conforme a sus etapas legales antes de que, cuando corresponda, los expedientes sean remitidos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, encargado de resolver los asuntos que entren en su competencia.
El oficio fue enviado a las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados. De ese modo, el contralor respondió a los cuestionamientos surgidos durante sus recientes comparecencias ante legisladores.
La noche del mismo 6 de noviembre, el INE difundió por separado el comunicado oficial número 490, en el que confirmó que presentó formalmente una denuncia ante la FGR para investigar posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos.
Ese posicionamiento institucional no enumera por sí mismo las seis denuncias descritas por el contralor. Por ello, conviene distinguir la confirmación general del INE del detalle cuantitativo y de los posibles delitos que el OIC notificó a la Cámara de Diputados.
El instituto sostuvo que la revisión del gasto público debe realizarse sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión. También afirmó que colaborará con las autoridades para proteger la legalidad en la administración de sus recursos.
Contratos con proveedores y revisión de más de una década
El nuevo frente penal se desarrolla después de que Carvente compareció ante diputados el 30 de octubre, cuando expuso preocupaciones sobre contrataciones realizadas por organismos públicos locales electorales a empresas presuntamente vinculadas entre sí.
De acuerdo con la información reportada por La Jornada sobre esa comparecencia, cinco compañías relacionadas habrían obtenido contratos por dos mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025. La cifra fue atribuida a adjudicaciones de organismos electorales locales y no debe presentarse como un monto ya demostrado de recursos desviados.
En esa exposición se señalaron posibles vínculos empresariales relacionados con José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas y una aparente simulación de competencia entre proveedores. Las observaciones requieren revisión documental y las determinaciones que emitan las autoridades competentes.
La información pública sobre las seis denuncias no identifica de manera individual a todos los señalados. Aunque otras coberturas han abordado contrataciones y nombres de funcionarios o proveedores, no hay elementos suficientes para vincular una denuncia penal específica con una persona determinada sin acceso a los expedientes.
El INE pide auditoría y preservación de expedientes
La revisión no se limita a la vía penal. El 5 de noviembre, el Consejo General del INE anunció que solicitaría a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de sus adquisiciones, arrendamientos y servicios correspondientes al periodo de 2016 a 2026.
Como parte de esas medidas, el instituto planteó preservar documentación física y electrónica de las contrataciones, reunir información de proveedores y preparar acciones para garantizar la continuidad de los servicios necesarios para los comicios de 2027 mientras avanzan las investigaciones.
La diferencia entre las rutas abiertas es importante: el OIC atiende presuntas faltas internas, la ASF fiscaliza el manejo de recursos públicos y la FGR investiga posibles delitos. Ninguno de esos procedimientos sustituye las pruebas ni las resoluciones que exige la ley.
Hasta la información pública disponible al cierre de esta edición, no se han difundido de manera íntegra las seis carpetas con sus imputaciones individuales ni una resolución judicial que determine responsabilidad penal. El dato acreditado es la presentación de las denuncias y el inicio de las actuaciones correspondientes.
