Política nacional e internacional
A la profesora Nayda Álvarez, residente de La Rosita, en Texas, el gobierno de Donald Trump le dio cinco días para decidir si permite que un muro fronterizo atraviese su jardín.
De no aceptar, advierte el documento oficial, podrían expropiarle la vivienda ubicada en la ribera del río Grande.
La notificación forma parte del plan federal para reforzar la frontera sur de Estados Unidos con México.
En febrero, al menos 60 propietarios en Laredo recibieron avisos titulados “Propiedad cerca de la construcción de proyectos fronterizos”.
El gobierno plantea tres alternativas: aceptar mil dólares para permitir el acceso a la propiedad, negociar una venta o servidumbre, o enfrentar un proceso de expropiación. Antonio Rosales Jr., de 75 años, afirma que le informaron que parte de su casa sería demolida si no firma.
La administración impulsa la construcción de un “muro inteligente” a lo largo de más de 3.000 kilómetros de frontera. Según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la ley exige levantar infraestructura física para lograr el “control operativo”.
El proyecto contempla nuevos muros, barreras acuáticas, caminos de patrullaje y tecnología de detección. Un tercio de la frontera ya contaba con barreras antes del actual mandato.
Laredo, con más de 250 mil habitantes —en su mayoría hispanos—, creció a orillas del río Grande. Allí hay casas, parques, senderos, zonas de pesca e incluso cementerios familiares sin muros de por medio.
Para activistas como Édgar Villaseñor, del Centro de Estudios Internacionales del Río Grande, el proceso equivale a una “apropiación masiva de tierras” en el sur de Texas.
En Eagle Pass, el parque principal fue militarizado en enero de 2024 con boyas, cercas y alambres de púas.
El cierre afectó negocios como el de Jessie Fuentes, quien ofrecía paseos en kayak. Vecinos denuncian daños ecológicos y alteraciones en el flujo natural del agua, mientras el gobierno sostiene que la prioridad es la seguridad fronteriza.
Este martes, Trump ofrecerá su Discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, en un primer año marcado por políticas antimigratorias.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, aseguró recientemente que se ha logrado “la frontera más segura en la historia”.
Sin embargo, para familias como la de Álvarez y Rosales Jr., el debate nacional se traduce en una decisión inmediata: ceder parte de su propiedad o arriesgarse a perderla.