Presidenta de la CPI pide apoyo ante sanciones de Estados Unidos
La presidenta de la Corte Penal Internacional, Tomoko Akane, pidió respaldo a la comunidad internacional frente a las sanciones de Estados Unidos. El 2 de noviembre presentó por video el informe anual del tribunal ante la Asamblea General de la ONU.

La Asamblea General de la ONU durante la intervención remota de la presidenta de la CPI. Imagen: CPI.
La CPI informó que el formato de intervención estuvo relacionado con las sanciones estadounidenses del 9 de octubre. Akane sostuvo que el tribunal continuará desempeñando su mandato con independencia e imparcialidad, a partir de la ley y las pruebas.
Un informe presentado a distancia
La jueza japonesa reclamó acciones de apoyo a los Estados, en un momento de presión sobre quienes trabajan en la institución. Su mensaje defendió la continuidad de los procesos judiciales y la protección del sistema creado por el Estatuto de Roma.

El informe incluyó avances en investigaciones, órdenes de detención, juicios, apelaciones y reparaciones. La presidenta señaló que durante el periodo reportado participaron más de 23 mil 500 víctimas, incluidas más de 7 mil en la fase de reparación.
Akane destacó que hay 34 órdenes de captura públicamente conocidas pendientes de ejecución. El tribunal depende de la cooperación de los Estados para detener y entregar a las personas reclamadas, una de las dificultades centrales de su funcionamiento.

Cooperación para ejecutar las órdenes
La presidenta recordó que la cooperación constituye una obligación jurídica para los países que forman parte del Estatuto de Roma. Esa condición es distinta de la situación de Estados Unidos, que no es Estado parte del tratado.
La Corte también reconoció apoyo de organismos y oficinas de Naciones Unidas para sus actividades. Según su comunicado, esa colaboración alcanzó misiones y labores de campo necesarias para el desarrollo de sus responsabilidades.

El llamado de Akane busca sostener la capacidad del tribunal para investigar los crímenes bajo su competencia. Su intervención no elimina las sanciones: abre una nueva petición política e institucional para defender la independencia de la justicia internacional.




