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En México, una de cada cuatro viviendas carece de certeza jurídica, es decir, no cuenta con escrituras que acrediten legalmente la propiedad.
Se trata de más de siete millones de hogares que enfrentan inseguridad patrimonial, limitaciones para heredar y dificultades para acceder a créditos o apoyos gubernamentales.
Estados con mayor rezago
Un diagnóstico de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano señala que el Estado de México concentra la mayor cantidad de viviendas sin escrituras, con más de 1.09 millones de lotes.
Le siguen Veracruz, Chiapas, la Ciudad de México y Jalisco. En conjunto, estas entidades concentran 45 por ciento del total nacional de viviendas propias sin regularizar.
Programa federal para regularizar
Las reglas de operación del Programa para Regularizar Asentamientos Humanos (PRAH), publicadas en el Diario Oficial de la Federación, establecen que podrán recibir apoyo las personas que habitan en asentamientos irregulares, siempre que acrediten la propiedad del lote y que éste no se ubique en áreas naturales protegidas o de conservación ambiental.
Apoyo económico limitado
El monto máximo del subsidio que otorgará la Sedatu para la regularización de lotes habitacionales será de 13 mil 500 pesos por beneficiario, recurso destinado a cubrir trabajos técnicos, jurídicos y administrativos.
El apoyo se entregará mediante un acuerdo formal de liberación del subsidio al usuario del programa.
Presupuesto y alcance del programa
Para este año, el PRAH cuenta con un presupuesto de 87.5 millones de pesos, con el objetivo de atender a 6 mil 162 familias en todo el país.
Sin embargo, la Sedatu advierte que el cumplimiento de esta meta depende de la disponibilidad presupuestaria y del ritmo de ejecución de los recursos.
Brechas sociales y territoriales
Datos de la Instituto Nacional de Estadística y Geografía revelan que el problema afecta de forma diferenciada a mujeres, población indígena y personas con discapacidad.
Además, aunque la mayoría de los casos se concentra en zonas urbanas, más de un tercio de las viviendas sin escrituras se localiza en áreas rurales, donde la regularización enfrenta mayores obstáculos institucionales y territoriales.