Política nacional e internacional
Plata, oro y sangre: el precio real de la minería en territorio del narco
En las montañosas regiones boscosas del noroeste de México, el despliegue de más de mil elementos de seguridad dejó su primer resultado ominoso: el hallazgo de un cadáver con “características similares” a uno de los diez mineros secuestrados el 23 de enero en la mina Pánuco, propiedad de la empresa canadiense Vizsla Silver.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que trabaja en la identificación plena del cuerpo.
Secuestro que sacude a Sinaloa
El rapto colectivo de trabajadores de una empresa minera internacional marca un hecho inédito en el estado, en medio de la guerra interna del cártel de Sinaloa, desatada en 2024.
El caso ha generado presión internacional, no solo por la magnitud del secuestro, sino por tratarse de una empresa extranjera con operaciones estratégicas en la región.
Comunidades bajo amenaza
Habitantes de comunidades como Chirimoyos viven nuevamente bajo el miedo.
Roque Vargas, vecino del poblado, relata que los secuestros y desplazamientos forzados se han vuelto recurrentes, y que ahora temen tanto a los grupos criminales como a posibles abusos por parte de fuerzas de seguridad. “No tenemos ningún vínculo con ninguna facción”, afirma.
Territorio en disputa
La zona es controlada por la facción de Los Chapitos, según autoridades mexicanas, en un territorio codiciado por su riqueza minera: oro, plata, plomo y zinc.
La explotación de estos recursos ha convertido a Concordia en un punto estratégico para el crimen organizado, que opera mediante secuestros, extorsión y control territorial.
Pueblos vacíos, fosas llenas
Pánuco se ha convertido en un pueblo fantasma. Más de 200 personas huyeron por miedo tras el secuestro.
En la zona se localizaron campamentos del crimen organizado y dos fosas comunes en el poblado El Verde, de donde fueron extraídos cuerpos en avanzado estado de descomposición, aumentando el temor por el destino de los mineros.
Crisis humanitaria silenciosa
Investigadores y colectivos de búsqueda advierten que el caso evidencia una crisis estructural: trabajadores civiles atrapados en un conflicto criminal que no les pertenece.
La desaparición forzada ya no distingue entre objetivos criminales y población productiva, transformando regiones enteras en territorios de desplazamiento, terror y abandono.