PJF pagó millones por renta de edificio ligado a empresario tabasqueño
- Redacción
- hace 4 horas
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Un edificio utilizado por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en Villahermosa, Tabasco, ha generado atención luego de revelarse que su arrendamiento ha representado pagos por decenas de millones de pesos a favor del empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, señalado en diversas investigaciones periodísticas por su cercanía con Andrés Manuel López Beltrán.
De acuerdo con documentos consultados en registros públicos, el primer contrato fue firmado en mayo de 2018 para albergar los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Décimo Circuito.
El acuerdo contempló una renta mensual superior a los 700 mil pesos, incluyendo mantenimiento, por un inmueble de más de 2 mil metros cuadrados ubicado en la zona de Tabasco 2000, en Villahermosa.
La renta aumentó durante la vigencia del contrato
Meses después, el arrendamiento fue modificado para incrementar el pago mensual.
Con ello, los desembolsos realizados durante los primeros cinco años habrían superado los 40 millones de pesos, aunque registros de transparencia muestran montos incluso mayores.
El inmueble continuó siendo utilizado por el Poder Judicial tras el vencimiento inicial del contrato mediante extensiones y nuevos acuerdos.
Según información proporcionada por el Órgano de Administración Judicial, en 2023 se firmó una ampliación del arrendamiento, posteriormente se celebró un nuevo contrato en 2025 y otro más entró en vigor el 1 de enero de 2026.
Sin embargo, la institución no detalló si las cantidades pagadas mensualmente sufrieron modificaciones.
Señalamientos y antecedentes
El caso también ha llamado la atención debido a que algunos de los exfuncionarios involucrados en la firma de los contratos fueron objeto de investigaciones o señalamientos en años posteriores.
No obstante, en algunos casos las autoridades determinaron que no existían pruebas suficientes para acreditar responsabilidades.
Por otra parte, Olán Aparicio ha sido mencionado en reportajes periodísticos relacionados con contratos públicos, desarrollos inmobiliarios y proyectos de infraestructura vinculados al actual grupo político gobernante.
Mientras continúan los cuestionamientos, el Órgano de Administración Judicial informó que analiza una posible reubicación de las oficinas para buscar mejores condiciones de arrendamiento y mayor espacio disponible.
