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Más muertos que balas: la guerra que infló cifras con inocentes

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) elevó a 7.837 la cifra de civiles asesinados por militares entre 1990 y 2016 y presentados como supuestos guerrilleros muertos en combate.

Estos crímenes, conocidos en Colombia como “falsos positivos”, forman parte de las violaciones más graves investigadas en el marco del conflicto armado interno.


En 2021, la JEP había documentado 6,402 ejecuciones cometidas entre 2002 y 2008.


Sin embargo, el presidente del tribunal, Alejandro Ramelli, informó que tras recibir información de nuevas fuentes se amplió el periodo de análisis de 1990 a 2016, lo que elevó el balance a 7.837 víctimas.


“Lo más probable es que incluso esta nueva cifra aumente en el futuro”, advirtió durante una audiencia pública.


Varios militares, incluidos altos mandos, han reconocido su responsabilidad ante la JEP, creada tras el acuerdo de paz con las FARC en 2016.


El tribunal ofrece penas alternativas a prisión a cambio de verdad plena.


En audiencias con familiares, exuniformados relataron cómo engañaron a jóvenes para asesinarlos y reportarlos como bajas en combate, a cambio de beneficios económicos o días de descanso.


La mayoría de los casos ocurrieron durante el gobierno de Álvaro Uribe, quien impulsó una política de ofensiva militar contra las guerrillas y ha negado que existiera una directriz oficial para cometer estos crímenes.


El actual presidente, Gustavo Petro, calificó los hechos como “el peor crimen de lesa humanidad cometido en las Américas en este siglo”.


La JEP también ha dictado sentencias restaurativas contra exlíderes de las FARC y un grupo de militares en retiro, en un proceso que busca verdad, reparación y no repetición.

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