Política nacional e internacional
Las pensiones “doradas” y el caso de José Ángel Gurría
El nombre de José Ángel Gurría Treviño volvió a la escena política luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunciara el envío al Senado de la República de una iniciativa de reforma constitucional para establecer que las pensiones de exfuncionarios de altos mandos de confianza no podrán exceder el 50% del salario de la titular del Ejecutivo federal.
Durante su conferencia matutina del 20 de febrero, la mandataria señaló que entre los casos de pensiones consideradas “doradas” figura Gurría Treviño, quien percibe un subsidio mensual de 120 mil pesos.
El tema no es nuevo. En 2023, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que Gurría se jubiló a los 43 años y que ha recibido millones de pesos desde entonces.
Además, lo vinculó políticamente con la aprobación del Fobaproa cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda.
López Obrador sostuvo que el problema no era solo la pensión, sino su papel durante la conversión de deudas privadas en deuda pública, una decisión que, afirmó, marcó las finanzas nacionales por décadas.
La jubilación anticipada en Nafin
Más de 20 años atrás, reportes periodísticos documentaron que Nacional Financiera (Nafin) habría modificado la fecha de ingreso de Gurría para reconocerle 20 años de servicio y permitirle acceder a una pensión equivalente al 77% de su salario, pese a haber laborado formalmente menos de cuatro años en la institución.
Documentos revisados en diciembre de 1999 por una comisión especial de la Cámara de Diputados indicaron que el exfuncionario se jubiló el 16 de abril de 1994, con 43 años y 11 meses de edad y 19 años 7 meses de antigüedad reconocida, gracias a la incorporación de años trabajados en otras dependencias como la Secretaría de Hacienda y el Banco Nacional de Comercio Exterior.
Informe y posibles responsabilidades
El informe legislativo concluyó que, por su “carácter irregular”, la jubilación temprana debía suspenderse de inmediato.
Asimismo, planteó que la Secretaría de la Contraloría y la Procuraduría General de la República iniciaran procedimientos de responsabilidad administrativa y penal contra los involucrados.
Con la nueva iniciativa presidencial, el debate sobre las pensiones de altos exfuncionarios vuelve a la agenda pública, en un contexto de revisión del gasto y de exigencias de mayor austeridad en el servicio público.