Juicios masivos en El Salvador

Hace más de tres años, soldados detuvieron a Williams Díaz cuando iba a trabajar.

Desde entonces está preso en la megacárcel para pandilleros en El Salvador, esperando un juicio colectivo.

Su madre asegura que es inocente y teme que lo juzguen junto a verdaderos criminales. “Si condenan a uno, condenan al montón”, dice con angustia.

Como él, unas 91 mil personas han sido detenidas bajo el régimen de excepción impuesto por el presidente Nayib Bukele en su llamada “guerra” contra las pandillas.

La fiscalía prometió miles de acusaciones para juzgar en grupos a supuestos miembros de maras, organizados por zonas y clicas.

Familiares y abogados denuncian que estos procesos no analizan cada caso por separado.

Jonathan Santos, de 24 años, fue detenido mientras jugaba videojuegos en su casa. Su padre teme que lo vuelvan a encarcelar cuando acuda a firmar al juzgado. “Es una ruleta rusa, una zozobra”, lamenta.

Abogados defensores afirman que, con las reformas recientes a la ley, ya no se revisan pruebas como antes y muchos llegan prácticamente condenados al juicio.

Los acusados aparecen en pantalla desde las prisiones, vestidos de blanco, mientras el juez y el fiscal siguen la audiencia a distancia. “Esto no es innovador, es una fábrica masiva de condenas”, sostiene uno de los litigantes.

Las familias dicen que la información es mínima y que muchos procesos están bajo reserva.

Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que estos juicios pueden carecer de garantías básicas y aumentar el riesgo de castigar a personas inocentes.

El gobierno defiende el modelo y asegura que la responsabilidad puede ser colectiva dentro de cada estructura criminal.

Mientras tanto, madres y padres siguen esperando noticias. “Quisiéramos que esta pesadilla termine”, dice un padre entre lágrimas, confiando en que algún día puedan demostrar la inocencia de su hijo.