Política nacional e internacional
La disputa por el control de las cadenas de valor del futuro gira en torno al litio.
De este metal estratégico dependen la transición energética, los vehículos eléctricos, los sistemas de almacenamiento masivo, la inteligencia artificial, los satélites y buena parte de la arquitectura defensiva de las grandes potencias.
Si el petróleo marcó el siglo XX, hoy el litio se consolida como el recurso que articula la nueva economía electrificada.
La producción minera se distribuye principalmente entre Australia, Chile, Argentina y China.
Sin embargo, el procesamiento y la refinación están dominados por empresas chinas, que concentran entre 60 y 80 por ciento de la conversión global en carbonato e hidróxido de litio, además de la fabricación de baterías.
Esta integración vertical —de la mina a la celda— responde a planeación industrial, subsidios estratégicos y control coordinado entre Estado y sector privado.
En 2022, México nacionalizó el litio y creó Litio para México (LitioMx) como emblema de soberanía energética. No obstante, el país aún no registra producción comercial significativa.
El presupuesto proyectado para 2026 ronda apenas los 14 millones de pesos, destinados principalmente a gasto operativo.
El proyecto más avanzado, en Sonora, permanece detenido por el arbitraje que Ganfeng Lithium mantiene contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
Entre Washington y Pekín
El debate público ha planteado una disyuntiva simplista: alinearse con Estados Unidos o acercarse a China. Sin embargo, ambas potencias actúan bajo lógica estratégica.
El reciente Plan de Acción con Estados Unidos sobre Minerales Críticos (febrero de 2026) busca asegurar cadenas de suministro para su seguridad nacional y competencia tecnológica.
China, por su parte, consolida posiciones mediante escala industrial y financiamiento agresivo. Ninguna opera por altruismo; ambas compiten por hegemonía.
La agresividad en el mercado del litio no es moral, sino estructural: quien integra tecnología, capital y escala captura mayor valor.
México enfrenta una asimetría tecnológica y financiera que limita su margen de maniobra.
La nacionalización, no obstante, establece un ancla jurídica: el Estado conserva el control estratégico del recurso y la posibilidad de exigir transferencia tecnológica y mayor participación en el valor agregado.