Corte y sindicatos pactan evaluar al personal judicial sin sanciones ni despidos
La Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, el 脫rgano de Administraci贸n Judicial y representantes sindicales pactaron modificar las evaluaciones del personal de carrera judicial para que sus resultados no provoquen sanciones ni despidos. El acuerdo fue anunciado la noche del s谩bado 7 de noviembre, despu茅s de protestas en distintas entidades del pa铆s.
El compromiso central consiste en eliminar de la regulaci贸n toda disposici贸n que pueda interpretarse como castigo laboral o causa de separaci贸n del cargo. No implica la desaparici贸n de cualquier evaluaci贸n: las autoridades sostienen que el proceso deber谩 servir para mejorar el funcionamiento de juzgados y tribunales.
La reuni贸n se celebr贸 en la sede de la Suprema Corte, con participaci贸n del ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, integrantes del pleno del 脫rgano de Administraci贸n Judicial y dirigencias de los sindicatos del Poder Judicial de la Federaci贸n.
Las partes se comprometieron a modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado el jueves 5 de noviembre en el Diario Oficial de la Federaci贸n. Ese instrumento hab铆a causado inquietud entre trabajadores por sus posibles consecuencias para la estabilidad en el empleo.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federaci贸n inform贸 que quedaron sin efecto las referencias punitivas de la evaluaci贸n. La redacci贸n final de las reformas deber谩 quedar plasmada en un nuevo acuerdo general, cuya publicaci贸n se prev茅 para el lunes 9 de noviembre.
Qu茅 cambia en la evaluaci贸n del personal
Otro cambio anunciado es suprimir las evaluaciones extraordinarias que pod铆an solicitar titulares de 贸rganos jurisdiccionales. Esa disposici贸n hab铆a sido una de las fuentes de preocupaci贸n entre personal que consideraba demasiado amplia la intervenci贸n de sus superiores.
El pacto tambi茅n ordena revisar los porcentajes de los aspectos evaluados que puedan incluir factores de subjetividad. La intenci贸n declarada es hacer m谩s claros los criterios empleados para examinar el desempe帽o del personal de carrera.
La autoridad judicial explica que el objetivo deber谩 quedar expresado de forma inequ铆voca: fortalecer eficiencia, eficacia y calidad en la impartici贸n de justicia. La nueva formulaci贸n busca separar la valoraci贸n del trabajo cotidiano de cualquier mecanismo de castigo.
La negociaci贸n se aceler贸 despu茅s de las movilizaciones del viernes 6 de noviembre. Trabajadores de juzgados y tribunales protestaron en la Ciudad de M茅xico y en al menos 17 estados contra el esquema anunciado por el 贸rgano administrativo.
Entre quienes expresaron inconformidad hab铆a actuarios, secretarios, oficiales judiciales y otros integrantes de la carrera judicial. Su preocupaci贸n era que una calificaci贸n o criterio discrecional pudiera afectar la permanencia en puestos que desempe帽an funciones esenciales.
Las protestas y el acuerdo sindical
El secretario general del sindicato, Jes煤s Gilberto Gonz谩lez Pimentel, particip贸 en las gestiones y comunic贸 el resultado a sus agremiados. El dirigente inform贸 adem谩s sobre nuevos criterios para distribuir el peso de ex谩menes, capacitaci贸n y desempe帽o, aunque esos porcentajes deber谩n confirmarse en el texto definitivo.
La Suprema Corte reconoci贸 p煤blicamente la funci贸n de la base trabajadora como parte del sistema de justicia. El comunicado explic贸 que la decisi贸n surgi贸 del di谩logo con representantes sindicales y del an谩lisis de las observaciones presentadas durante la semana.
Seg煤n el acuerdo difundido despu茅s de la reuni贸n, los 贸rganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federaci贸n reanudar谩n actividades normales el lunes 9 de noviembre. Esa previsi贸n es relevante para usuarios que ten铆an programados tr谩mites o diligencias despu茅s de la jornada de protestas.
Sin embargo, el funcionamiento concreto de cada sede depender谩 de la organizaci贸n local y de las disposiciones administrativas que se comuniquen. Las personas con alguna cita o audiencia deben atender los avisos oficiales de su tribunal o juzgado.
El lunes vuelven las actividades en tribunales
La discusi贸n tambi茅n ha puesto sobre la mesa la diferencia entre evaluar para detectar necesidades de capacitaci贸n y evaluar con efectos sobre derechos laborales. Es justamente esa segunda posibilidad la que el acuerdo pol铆tico y administrativo pretende retirar del procedimiento.
El nuevo instrumento deber谩 precisar el alcance de los cambios y la situaci贸n de las evaluaciones extraordinarias. Hasta que aparezca el texto en el Diario Oficial, no conviene presentar los detalles anunciados como art铆culos normativos ya publicados.
La salida negociada reduce el conflicto inmediato y permite programar el regreso a actividades, pero la revisi贸n jur铆dica contin煤a. La prueba decisiva ser谩 que la nueva regulaci贸n preserve de forma expl铆cita las garant铆as laborales comprometidas y establezca criterios de evaluaci贸n verificables.
