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La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) reveló un complejo esquema de lavado de dinero que operaba a través de casinos suspendidos en distintas partes del país, donde se utilizaban las identidades de jóvenes, amas de casa y jubilados, muchos de ellos víctimas de engaño o robo de identidad, para encubrir movimientos financieros ilícitos que habrían superado los miles de millones de pesos.
Según Grisel Galeano García, titular de la dependencia, las operaciones se realizaban mediante apuestas simuladas y compras masivas de fichas, que luego se reportaban como “ganancias legales” a nombre de terceros ajenos a la trama.
Durante la conferencia “La Mañanera del Pueblo”, Galeano García explicó que los recursos ilícitos ingresaban al sistema financiero mexicano y eran transferidos a cuentas en Malta, Panamá y Emiratos Árabes Unidos, desde donde regresaban al país disfrazados de ingresos legítimos a través de empresas fachada e inversiones inmobiliarias.
Las investigaciones también apuntan a una red de contadores, notarios y operadores tecnológicos que facilitaban la triangulación del dinero, posteriormente reinvertido en bienes raíces, casinos, vehículos de lujo y negocios de entretenimiento.
La funcionaria confirmó que varios de los casinos implicados fueron suspendidos gracias a la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Aunque los nombres de los establecimientos permanecen bajo reserva, las pesquisas se extienden a empresarios, exfuncionarios y operadores financieros con presuntos vínculos con el crimen organizado.
En respuesta, Grupo Salinas acusó al gobierno federal de emprender una “campaña de persecución política” en su contra, luego de que la PFF y la UIF señalaran que la investigación incluye a Ganador Azteca, S.A.P.I. de C.V. y Operadora Ganador TV Azteca, ambas del conglomerado mediático.
La empresa calificó la acción como “autoritaria e infundada” y denunció un “uso faccioso” de las instituciones públicas para presionar a su presidente, Ricardo Salinas Pliego.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que estas acciones forman parte de una estrategia nacional contra el lavado de dinero, orientada a “romper los vínculos financieros del crimen organizado”.
Subrayó que debilitar las estructuras económicas delictivas es “atacar el corazón de la violencia”, y anunció que el gobierno seguirá rastreando operaciones sospechosas en sectores vulnerables como los casinos, bienes raíces, criptomonedas y arte.
El caso mexicano guarda similitudes con la investigación internacional sobre Shwe Kokko, en Myanmar, donde una supuesta “zona económica especial” fue utilizada para lavar dinero a través de casinos y plataformas digitales de apuestas, con el involucramiento de inversionistas chinos y tailandeses.
Al igual que en México, se emplearon identidades falsas y empresas fantasma para mover recursos ilícitos vinculados al tráfico de personas, estafas en línea y crimen organizado transnacional.