ASF abre revisión de 25 años de contratos del INE y organismos electorales
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó este miércoles 4 de noviembre que mantiene investigaciones sobre las contrataciones públicas del Instituto Nacional Electoral (INE), del desaparecido Instituto Federal Electoral (IFE) y de los organismos electorales estatales. El nuevo frente de fiscalización abarcará adquisiciones realizadas entre 2000 y 2025, un periodo que comprende distintas administraciones y procesos electorales.
La revisión fue anunciada mediante un comunicado en el que la ASF describió tres líneas de trabajo que ya se encuentran en desarrollo. Su objetivo es reconstruir cómo se adjudicaron contratos, identificar proveedores recurrentes y determinar si hubo prácticas irregulares relacionadas con el uso de recursos públicos destinados a las autoridades electorales.
El primer componente consiste en investigaciones de oficio sobre presuntas anomalías en las contrataciones de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), del INE y del antiguo IFE. La ASF presentó esta investigación como una línea diferenciada del estudio histórico y de la auditoría integral.
El segundo componente es un estudio histórico de adquisiciones correspondiente a 25 años. Con él se buscará establecer si determinadas empresas o grupos de proveedores concentraron contratos, si existieron patrones reiterados de adjudicación y si alguna de esas operaciones pudo vulnerar las reglas aplicables al gasto público.
El tercer componente contempla una auditoría integral al INE y al gasto federalizado ejercido por los institutos electorales locales. La distinción es relevante: una cosa es investigar determinadas contrataciones y otra revisar, de manera más amplia, la administración y el destino de recursos de origen federal.
En su posicionamiento, la Auditoría señaló que sus trabajos de inteligencia y el análisis de información requerida a las entidades federativas advirtieron irregularidades históricas en el manejo del gasto electoral. Ese señalamiento explica la ampliación de las indagatorias, pero no equivale por sí mismo a una resolución de responsabilidad contra personas o empresas determinadas.
La magnitud de la revisión incorpora tanto al actual instituto nacional como a su antecesor. Por ello, el periodo bajo estudio no se restringe a una sola presidencia del organismo electoral ni a un solo sexenio: comprende cambios institucionales, distintas políticas de compra y diferentes responsables de los procedimientos de contratación.
Uno de los puntos centrales será la posible concentración de proveedores. La ASF pretende identificar si un número reducido de participantes obtuvo contratos de manera recurrente y examinar las condiciones en que compitieron, los servicios o bienes contratados y los mecanismos de adjudicación utilizados.
El comunicado incluye a grupos empresariales y servidores públicos dentro del alcance del análisis. La repetición de un proveedor no demuestra por sí sola una irregularidad: los patrones de contratación deben examinarse junto con las reglas aplicables y la documentación de cada operación.
Las investigaciones ocurren en un contexto de cuestionamientos sobre las compras de materiales y servicios electorales. Días antes, autoridades del INE habían manifestado disposición para colaborar con las revisiones y turnar la información requerida a los órganos fiscalizadores correspondientes.
En su conferencia del 27 de octubre, Blanca Yassahara Cruz García informó que las consejerías revisarían de manera colegiada los procedimientos en curso y los contratos vigentes. También afirmó que las actividades preparatorias del proceso electoral 2026–2027 continuarían conforme a los calendarios establecidos.
En paralelo, el auditor superior Aureliano Hernández ha informado de indagatorias relacionadas con operaciones de grupos empresariales y contratos acumulados por miles de millones de pesos. Las cifras divulgadas en ese contexto forman parte de investigaciones en curso y no deben interpretarse como montos ya acreditados de desvío de recursos.
De detectarse elementos suficientes, los expedientes podrían dar lugar a procedimientos administrativos o a denuncias ante las autoridades competentes. La eventual identificación de responsabilidades dependerá de la evidencia documental, de las atribuciones legales de cada institución y de las decisiones que adopten las instancias correspondientes.
El comunicado del 4 de noviembre no establece una fecha definitiva para presentar los primeros resultados de la revisión histórica de 2000 a 2025. Tampoco incluye una relación de empresas o funcionarios cuya responsabilidad haya quedado acreditada como conclusión de estas indagatorias.
Para el público, el alcance de la investigación irá más allá de conocer cuánto gastaron las autoridades electorales: la cuestión de fondo será determinar quiénes recibieron los contratos, bajo qué condiciones, si existió competencia efectiva y cómo se justificó cada erogación. Los hallazgos deberán distinguir con claridad entre indicios, observaciones de auditoría y responsabilidades formalmente acreditadas.
